Inhabilitaciones y competencias en la Procuraduría de Colombia

En recientes fechas, la Procuraduría General de la Nación de Colombia sacó a la luz los nombres de los aspirantes que se hallan incapacitados para ejercer cargos públicos en las elecciones del próximo mes. En el país y de acuerdo al registro en las Procuradurías de Colombia, son 694 y en el Cauca, diecinueve (el 2 por ciento de los incapacitados), que van en contra de lo indicado en la ley 617 del 2000, en el artículo treinta y siete, artículo 40, asimismo por transgredir lo citado en la Ley quinientos noventa y nueve del año 2000 y por no cumplir la Ley ciento treinta y seis del año 1994, particularmente, en el artículo ciento veinticuatro.

 

Los partidos que en el Cauca anotaron más aspirantes con inhabilidades son, en su orden, el Conservador y Cambio Radical. La mayoría de los cuestionados forman una parte de listas a concejos. Como un aspecto positivo se puede resaltar que en esta lista no aparecen aspirantes a las alcaldías ni a la Gobernación.

 

En épocas previas a elecciones, la Procuraduría religiosamente publica los nombres de aspirantes incapacitados; lo mismo hacen los medios de comunicación que notifican y publican las hojas de vida de aquellos aspirantes que tienen antecedentes disciplinarios y que no deberían hacer una parte de las listas a cargos de elección popular, mas, finalmente resultan elegidos, con el consecuente desgaste que implican las demandas posteriores que acaban en destituciones. En esta ocasión el Fiscal General encargado avisó, además de esto, que esta entidad de control estudiará si existen delitos del género de elección ilegal.

 

Conviene recordar que en dos mil diecisiete entró en vigencia la Ley mil ochocientos sesenta y cuatro que trata de robustecer los mecanismos de participación democrática. Esta ley adicionó al Código Penal el delito de “elección ilegal de candidatos”, conforme el cual, “quien sea escogido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o bien fiscal incurrirá en cárcel de cuatro (4) a nueve (nueve) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (ochocientos) sueldos mínimos legales mensuales vigentes”. Seguramente con buena intención, los legisladores pensaron que esto conseguiría un efecto disuasivo entre quienes tengan una sanción en contra suya.

 

Semeja que las advertencias de la Procuraduría (incluyendo las procuradurías en Bogotá) y la inclusión de esta conducta como un delito con pena de cárcel no intimidó a los candidatos y mucho menos a los partidos. En este punto es asimismo importante demandar que los partidos políticos (si bien legalmente no estén obligados) no permitan que ingresen personas cuestionadas a sus listas, en tanto que ellos son los que acreditan estas candidaturas.

 

Resta ver si la publicación de los nombres de los incapacitados y la advertencia del Fiscal General al cargo tienen algún efecto y salen de las listas los candidatos señalados. Hay tiempo hasta el veintisiete de diciembre.

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